La transición de los servicios institucionales a los comunitarios constituye un objetivo político clave para la UE, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDDR), la Convención sobre la Infancia de las Naciones Unidas (CRCI) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 2021, el Grupo de Expertos sobre la Transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria supervisó las inversiones en resiliencia social y recuperación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e hizo un llamamiento público para que se comprometiera a invertir fondos en la desinstitucionalización, así como en servicios comunitarios.
Si se ofrecen servicios comunitarios de alta calidad, las personas anteriormente institucionalizadas prefieren la vida en comunidad, mostrando mayores niveles de satisfacción personal e inclusión social. Al invertir en servicios comunitarios, los países pueden obtener ahorros a largo plazo en otras áreas políticas, lo que a su vez reducirá la carga sobre los presupuestos sanitarios.
Las autoridades públicas desempeñan un papel fundamental en la atención comunitaria y familiar. Pueden crear un entorno propicio informando a las partes interesadas y a la ciudadanía, combatiendo la estigmatización y la alienación, y destinando las estructuras, los recursos humanos y la financiación necesarios. Para ello, siete autoridades públicas de seis países de la UE y un país recién llegado, junto con un socio asesor, unen fuerzas en FABCOM para contribuir a la elaboración de un marco jurídico y regulatorio integral que conduzca a un sistema de atención más racionalizado e integrado que aumente la satisfacción de los beneficiarios con el servicio y ahorre fondos públicos.
